Mediante Ley N° 31812 (2023), se modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, con la finalidad de asegurar el financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los concejos regionales y concejos municipales. Para lograr este objetivo, las municipalidades de todo el país, deben incorporar anualmente en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) el monto mínimo del 1% y 2% como máximo, que permita al concejo municipal, dotar del presupuesto, la capacidad logística, el apoyo profesional y técnico necesario, para desarrollar el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF), el cual debe ser aprobado mediante Acuerdo de Concejo dentro del primer trimestre de cada año fiscal.
Los actores involucrados que tienen la responsabilidad de hacer eficaz y eficiente este fortalecimiento, son: (i) el Titular de la Entidad (alcalde o alcaldesa), (ii) el Funcionario Responsable (Gerente Municipal), (iii) los Regidores(as), (iv) el Encargado del Registro de Información del Balance Semestral, (v) la Secretaría General, (vi) la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, (vii) la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces.
Habiendo transcurrido un año y medio de la publicación de la Ley N° 31812, se hace necesario evaluar los resultados, respecto al presupuesto asignado y ejecución de gasto, número de regidores participantes, Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización (PTAF) y cumplimiento del Balance Semestral (logros, dificultades, conclusiones y recomendaciones), que tiene carácter de declaración jurada.
En nuestra Región La Libertad, existe un total de 83 municipalidades y 503 regidores (112 Regidores Provinciales y 391 Regidores Distritales), que tienen las funciones de legislar, representar y fiscalizar. En el año 2023, solo 3 gobiernos locales cumplieron con incorporar presupuesto para fortalecer la función fiscalizadora, en la Actividad 5001228: Supervisión y Control (1. Municipalidad Distrital de Pacasmayo, con S/ 9,857.00 soles, 2. Municipalidad Provincial de Pataz, con S/ 132,355.00 soles y 3. Municipalidad Distrital de Chugay, con S/ 35,996.00 soles); la cual contó con la participación de 21 regidores(as) y una ejecución de 0.0%, 38.4% y 45.2% respectivamente. Con respecto a las otras 80 municipalidades, estas recibieron de parte de la Contraloría General de la República (CGR), Informes de Acción de Oficio Posterior, indicando las irregularidades con respecto al "Financiamiento del Ejercicio de la Función Fiscalizadora de los Concejos Municipales en el año fiscal 2023”, recomendando a los titulares de las entidades adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Control y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
Para el año 2024, 73 municipalidades asignaron financiamiento (88%), por un total de S/ 6´007,389 soles, quedando 10 comunas sin asignación presupuestal equivalente al 12% (Municipalidad Distrital de Razuri, Casa Grande, Huaso, Agallpampa, Charat, Huaranchal, Usquil, Buldibuyo, Santiago de Challas y Guadalupito); sin embargo, solo cumplieron 45 gobiernos locales (54%), quienes consiguieron una ejecución total de S/ 1´467,955 soles, que representa el 24.4 % de gasto, con la participación de 274 regidores municipales.
Lo negativo de estos resultados, se encuentra en 38 municipalidades (46%) y 229 regidores(as) que no cumplieron con su función fiscalizadora; por consiguiente, no pudieron ejecutar su presupuesto (S/ 0.00 soles), dejando de gastar un total de S/ 4´539,434 soles, pero siguieron cobrando sus dietas de forma mensual, sin fiscalizar ingresos y gastos, obras ejecutadas o en ejecución, procesos de selección, programas sociales y servicios municipales.
Si esta Inacción, lo llevamos al contexto de la Seguridad Ciudadana y Estado de Emergencia en las provincias de Pataz, Trujillo y Viru; en Pataz 10 municipalidades no cumplieron con ejecutar su presupuesto (Buldibuyo, Chillia, Huancaspata, Huaylillas, Huayo, Ongón, Santiago de Challas, Taurija y Urpay) y 50 regidores no cumplieron con presentar su balance semestral; en la provincia de Trujillo, fueron 5 municipalidades (El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, Moche y Poroto) y 39 regidores; en Viru, 2 municipalidades (Chao y Guadalupito) y 12 regidores.
Nos preguntamos ¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores?, ¿Cómo mejorar la falta de equilibrio entre regidores oficialistas y regidores opositores?, ¿Cuál es la razón detrás de que tan pocas municipalidades cumplan con este requisito?, ¿Cómo podemos fortalecer el rol de una ciudadana participativa y propositiva a nivel de nuestro territorio a nivel nacional? respuestas que están en manos de nuestras autoridades, funcionarios, directivos y servidores civiles, ya que tienen la obligación de fortalecer los sistemas de control y fiscalización, reducir la corrupción, generar una gestión pública transparente, y recuperar la confianza de los vecinos.
