Recordarán que en enero de 2025, hubo un atentado con dinamita al Ministerio Público de Trujillo, que puso en grave crisis la seguridad del país; asimismo, en el mes de agosto, se dio otro atentado con dinamita a una vivienda privada (casa de alias “Bolaños”) que involucra a dos bandas criminales por el control de extorsiones y cobro de cupos; por último, en setiembre, nuevamente, se ha producido otro atentado con dinamita a una vivienda privada (casa de la familia Sánchez Iparraguirre dedicada al rubro de minería en la provincia de Pataz).
La pregunta es ¿Cómo se consiguen estos explosivos? dónde está la inspección de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), que debe de encargarse de controlar, autorizar, supervisar, fiscalizar y sancionar actividades de fabricación, comercio y uso de armas, municiones, explosivos entre otros a nivel nacional y regional.
Esto solo evidencia la falta de liderazgo, coordinación y acción por controlar economías ilegales que se desarrollan día a día en nuestro territorio, como la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, extorsión, sicariato, lavado de activos, robo, secuestro, trata de personas, contrabando, ciberdelincuencia, tala ilegal, pesca ilegal, piratería, tráfico de flora y fauna, tráfico de propiedades y el mercado negro de explosivos, los cuales ponen en riesgo nuestra seguridad nacional, haciéndonos retroceder a una época nefasta del terrorismo de los años 80.
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) que funciona a través del CONASEC, CORESEC, COPROSEC y CODISEC, basan sus estrategias solo en respuestas represivas, las cuales deben ser preventivas y combinadas, en entender por qué ocurren los delitos (investigación) y poder anticiparse ante ellos (inteligencia), ya que hechos delictivos y de inseguridad se reportan y registran todos los días en el Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL), en los Aplicativos móvil del Servicio Policial (SERPOL) y Mi Policía Digital, en el Sistema Integrado de Información para la Investigación Criminal SI3C, en el Observatorio del Delito y la Criminalidad (ODC PNP), el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC) del MININTER, que emite Fichas Informativas de Incidencia Delictiva Distrital y, a nivel local, a través del Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Policial (SIPCOP).
Además, se cuenta con otros sistemas de uso especializado y específicos, como el Registro Nacional de Detenidos Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) y el Sistema Inteligente para el Analisis del Delito y la Violencia (SIADEV) de la Fiscalía, el Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP) y GEO INPE del Instituto Nacional Penitenciario, las Estadísticas MIMP y GEO MIMP del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los Observatorios Regionales de Seguridad Ciudadana (ORSC), Provinciales y Distritales, el Sistema de Control de Patrullaje Municipal (SIPCOP-M) y las Hojas de Patrullaje, también llamado Parte o Formato de Ocurrencias, cuyo objetivo es registrar el servicio de patrullaje, apoyo ciudadano, fiscalización y defensa civil de forma diaria.
Por otro lado, el INEI realiza encuestas y proporciona información a través de DataCrim, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Informes Técnicos denominado “Estadísticas de Seguridad Ciudadana”, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), que genera el documento denominado “Victimización en el Perú” y el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) con el desarrollo del Módulo V: Servicios Públicos Locales – Seguridad Ciudadana. Adicional a ello, la Contraloría General de la República (CGR) realiza Control Simultaneo y Visitas de Control a entidades públicas a nivel nacional, regional y local en materia de seguridad ciudadana.
Para citar solo un ejemplo, a la fecha, no existe una sanción efectiva al delito de extorsión, a pesar que en los últimos años se ha incrementado exponencialmente, y muchos de ellos no han terminado en la cárcel. Si utilizamos el SIDPOL y su registro de denuncias por extorsión y el SIEP del INPE población penal por extorsión, reportan que, en el año 2022, se registraron 16,319 denuncias y se encarcelaron solo a 1,032, en el año 2023, fueron 22,649 denuncias y 1,103 encarcelados, el 2024, fue de 22,315 denuncias y 1,260 privados de libertad, y a junio de 2025, ya se han registrado 13,667 denuncias y solo se han encarcelado a 1,365 extorsionadores.
Datos, cifras, sistemas, encuestas, informes y estadísticas que no sirven para nada, ya que ponen en evidencia la violencia nuestra de cada día, la incapacidad de las autoridades y “fallas” de los Operadores de Justicia en resolver y reducir efectivamente la delincuencia y percepción de inseguridad en la ciudadanía.
